Permiso irregular a table dance abre sospechas de acuerdos políticos tras su clausura
La apertura y posterior clausura del table dance La Bodega, en la colonia Quintas Carolinas, no solo evidenció irregularidades administrativas, sino que abrió un frente de cuestionamientos políticos sobre quién ordenó otorgar el permiso provisional que permitió su operación pese a no cumplir con los requisitos legales.
El establecimiento fue clausurado por el Municipio tras confirmarse que operaba sin licencias de uso de suelo, funcionamiento, dictámenes de Protección Civil y licencia de alcoholes, entre otros documentos obligatorios.
Sin embargo, días antes había comenzado actividades con un permiso provisional emitido por el Gobierno del Estado, situación que detonó críticas públicas.
En círculos políticos comenzaron a circular versiones no oficiales que señalan como presunto propietario del negocio a Rubén Aguilar Jr., salvo que exista un nuevo socio, lo que ha derivado en cuestionamientos directos hacia la Subsecretaría de Gobernación Estatal, encabezada por Salvador Caballero, dependencia responsable de los permisos relacionados con giros y alcoholes.
Las dudas centrales que se plantean son: quién dio la instrucción para otorgar el permiso, bajo qué criterios se autorizó la operación sin cumplir la normatividad y qué se habría entregado a cambio para permitir su apertura temporal, aun sabiendo que no reunía las condiciones legales.
A estos señalamientos se suma el contexto político reciente, donde actores locales advierten que el Partido del Trabajo (PT) ha elevado su costo político en decisiones clave, particularmente en la aprobación del presupuesto, lo que ha generado lecturas sobre posibles negociaciones cruzadas entre fuerzas políticas.
En ese escenario, ha llamado la atención que Morena y el PT hayan mostrado una coincidencia inusual en momentos estratégicos.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha explicado públicamente por qué se otorgó el permiso provisional ni quién asumirá la responsabilidad administrativa por haber permitido la operación de un establecimiento que terminó siendo clausurado por el Municipio.