Por cada peso que entra a Chihuahua, 63 centavos se van en deuda
La falta de liquidez del Gobierno del Estado ya no es un secreto.
Desde hace meses se venía advirtiendo que proveedores tenían hasta dos y hasta cuatro meses sin recibir pago, aun cuando ya habían entregado bienes o prestado servicios.
Ese retraso en los compromisos financieros es el primer síntoma de un boquete que ahora queda plenamente confirmado con las cifras oficiales.
En el primer semestre de 2025, Chihuahua apenas recaudó 67 mil 325 millones de pesos, pero arrastra una deuda que asciende a 42 mil 300 millones.
Dicho en corto: por cada peso que entra a las arcas estatales, 63 centavos ya están comprometidos para pagar lo que se debe.
El contraste es brutal y deja ver una administración que se sostiene con ingresos ordinarios para ir parchando los huecos que deja el servicio de la deuda.
Peor aún si se toma en cuenta que los ingresos estimados para este año tampoco se han cumplido: hay un faltante de más de 3 mil 400 millones respecto a lo proyectado en la Ley de Ingresos.
Lo delicado es que este peso financiero no solo se refleja en números: limita la capacidad de maniobra política y económica del gobierno.
Cuando el dinero se destina a pagar créditos, intereses y compromisos atrasados, queda poco margen para inversión en infraestructura, programas sociales o proyectos estratégicos que transformen la vida de los chihuahuenses.
En los pasillos políticos ya se comenta que la herencia de deuda podría ser el gran tema incómodo del cierre de sexenio.
Porque, mientras el discurso oficial habla de responsabilidad y disciplina, las cifras duras pintan otra realidad: la de un estado con ingresos que no alcanzan y con un nivel de endeudamiento que se come buena parte del presupuesto disponible.
La pregunta que muchos se hacen es si Chihuahua podrá sostener esta dinámica sin recurrir a más créditos.
Y ahí se abre un terreno minado para el gobierno actual, que deberá elegir entre apretarse el cinturón o volver a endeudarse, con todo lo que ello significa en el ajedrez político rumbo a 2027.
En medio de este escenario, las declaraciones de Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, resultan fuera de lugar.
Presume que en Chihuahua ya “se puso orden en la casa”, cuando la realidad lo desmiente: proveedores sin pago, ingresos por debajo de lo proyectado y una deuda que devora más de la mitad de los recursos estatales.
Lo grave es que esa ligereza termina comprometiendo al secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, quien es el que en los hechos debe hacer malabares para dar continuidad a un discurso político que no corresponde con las cifras reales.