En un giro sorprendente, la presidenta municipal Miriam Soto Ornelas, asumió el cargo en 2021 con una serie de decisiones que han generado controversia y descontento entre un sector de la población: la eliminación de las pensiones jubilatorias previamente asignadas, basadas en la cláusula 20 del contrato colectivo de trabajo. Esta cláusula, que durante años sirvió como una garantía para los trabajadores, fue modificada antes de la llegada de la nueva administración, y con ello, se dejó sin efecto el derecho varios empleados municipales a recibir pensiones que ya habían sido pactadas.
La eliminación de estos beneficios no solo se basa en un cambio normativo, sino que se ejecutó de forma retroactiva, afectando a personas que, bajo la legalidad vigente en su momento, habían adquirido este derecho.
Lo que está en juego no es simplemente una cuestión económica, sino el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Un cambio normativo no puede alterar de forma tan drástica las expectativas generadas bajo acuerdos previos, ya que esto socava la confianza en las instituciones y el Estado de derecho.
Los trabajadores municipales merecen una respuesta que no los prive de sus derechos adquiridos, ni los deje a merced de decisiones que los despojan de una seguridad que ya habían ganado legítimamente. En un sistema democrático, el respeto a los derechos de los ciudadanos debe ser siempre la prioridad, más allá de la conveniencia política o administrativa.