PRIAN bloquea comparecencia de funcionarias clave por permisos en zonas de riesgo

PRIAN frena comparecencias por crisis inmobiliaria; Congreso opta por el encubrimiento

El Congreso del Estado perdió la oportunidad de responder a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía: exigir cuentas claras sobre el desorden inmobiliario que ha golpeado a Chihuahua capital.

Con los votos de la mayoría del PRIAN, se desechó la solicitud para que comparecieran Adriana Díaz Negrete, directora de Desarrollo Urbano y Ecología, y Alondra Martínez Sayón, directora del IMPLAN, a fin de aclarar las irregularidades en la entrega de permisos de construcción.

La propuesta planteada por la diputada Brenda Ríos era puntual: explicaciones públicas, medidas correctivas y sanciones para los responsables de los desarrollos en zonas de riesgo que ya han derivado en colapsos estructurales y pérdidas patrimoniales para las familias.

Lejos de dar la cara, la alianza PAN-PRI prefirió blindar a las funcionarias municipales.

La negativa no es un mero trámite legislativo: significa cerrar la puerta a la transparencia y poner por encima la protección política de un modelo de crecimiento urbano que se sostiene en el clientelismo inmobiliario.

Cada voto en contra es también un mensaje de impunidad hacia los empresarios y políticos que lucran con la necesidad de vivienda, aun a costa de la seguridad de los vecinos.

El caso revela, además, la fragilidad del discurso oficial sobre planeación urbana y desarrollo sustentable.

En los hechos, Chihuahua enfrenta una crisis marcada por fraccionamientos fuera de norma, falta de servicios básicos y viviendas en zonas de alto riesgo, mientras el Congreso, con mayoría del PRIAN, se rehúsa a tocar las fibras del negocio inmobiliario.

Más que un debate técnico, la discusión se convierte en un espejo de la política local: mientras la oposición protege a funcionarios y empresarios ligados al poder, las familias afectadas quedan en el abandono.

El Legislativo, que debería ser contrapeso y garante de transparencia, opta por el encubrimiento.

El costo político de esta decisión será inevitable: cada derrumbe, cada calle intransitable y cada colonia sin servicios recordará que, cuando se pidió rendición de cuentas, el Congreso decidió voltear la mirada, aseveró la legisladora morenista.