Retén Ciudadano exige justicia fiscal: Impuestos vehiculares desproporcionados y desajustados a los ingresos
La protesta organizada por los miembros de Retén Ciudadano en las afueras del Congreso del Estado resalta una serie de tensiones económicas y sociales que no solo ponen en evidencia las dificultades de la ciudadanía ante los altos costos de impuestos vehiculares, sino también la creciente desconexión entre las autoridades y las realidades económicas de los contribuyentes. La inconformidad con los altos costos de la rehabilitación vehicular y las placas, que se traduce en un aumento de la carga fiscal de los ciudadanos, es un claro ejemplo de las demandas de justicia fiscal que se han incrementado en diversos sectores de la sociedad.
El argumento central de los manifestantes se basa en la proporcionalidad fiscal, un principio constitucional que exige que los impuestos sean justos y adecuados a los ingresos de los ciudadanos. Según el grupo, los incrementos en los derechos de circulación vehicular no son proporcionales al crecimiento de los salarios, lo que podría tener efectos negativos sobre las familias de bajos y medianos recursos. Es alarmante el contraste entre el aumento del 99.8% en los costos de los impuestos en los últimos 13 años y el 6% de incremento salarial registrado en 2024. La discrepancia es tan evidente que los manifestantes calculan que, de ajustarse a una lógica de proporcionalidad, los costos actuales de las placas deberían ser mucho menores. Este tipo de comparaciones deja en evidencia el desajuste entre la política fiscal y la situación económica de la población.
Finalmente, la protesta y el llamado de Retén Ciudadano a una revisión urgente de las tarifas vehiculares exigen una reflexión profunda sobre la política fiscal en el estado. La demanda de tarifas más asequibles y congruentes con los ingresos de la población no solo responde a la necesidad de un sistema más justo, sino también al deseo de evitar mayores conflictos entre el gobierno y los ciudadanos, garantizando que las obligaciones fiscales sean razonables y viables de cumplir.