Rosana no suelta el tema
Las dudas que siguen sin respuesta
La pensión que nadie resuelve
El PRI se organiza, pero piensa en azul
Rosana Díaz volvió a colocar sobre la mesa uno de los episodios más polémicos que ha vivido el Congreso del Estado en los últimos meses. La ahora diputada independiente presentó ante los medios de comunicación un video de la sesión en la que se aprobó la reestructuración de un crédito por 3 mil millones de pesos para el Gobierno del Estado, una votación que terminó provocando investigaciones internas dentro de Morena y que derivó en una ruptura política que sigue generando consecuencias. Antes de mostrar el material, la legisladora pidió a los reporteros revisar e indagar a fondo lo ocurrido aquella tarde. En el video se observa la secuencia de los hechos, la salida del recinto de Rosana Díaz, Edith Palma e Irlanda Márquez y la manera en que se desarrolló la votación que permitió alcanzar la mayoría requerida para aprobar el dictamen.
La legisladora sostiene que el material confirma parte de la narrativa que ha venido impulsando desde hace seis meses. En las imágenes se aprecia cómo transcurrieron apenas unos minutos entre la salida de las diputadas y la votación, así como los movimientos que se registraron dentro de la bancada de Morena. También se observa a Leticia Ortega retirando inicialmente una reserva para después volver a presentarla cuando Rosana Díaz ya había regresado al salón. El video también muestra llamadas telefónicas, intercambio de mensajes y movimientos entre integrantes de la bancada morenista. Como si eso no fuera suficiente, Rosana exhibió además el acta de la sesión, donde aparece un voto adicional a favor de la reestructuración y donde se consigna la participación de María Antonieta Pérez. Con ello, la legisladora insistió en que fue utilizada como chivo expiatorio dentro de una operación política que hasta la fecha sigue generando controversia. Entre denuncias por violencia política de género, señalamientos internos y una salida definitiva de Morena, Rosana parece decidida a no dejar morir el tema.
Y precisamente ahí es donde comienzan las preguntas que siguen sin respuesta. Días antes de aquella votación de diciembre, la mayoría de la bancada de Morena, particularmente los diputados identificados con el llamado Grupo Coyoacán, sostuvo una reunión con Ariadna Montiel. Desde entonces comenzaron las especulaciones sobre la forma en que votaría el grupo parlamentario. Sin embargo, hasta ahora nadie ha explicado con claridad qué ocurrió realmente en aquellos días previos a la sesión. Si no hubo línea política en aquella reunión y tampoco en los encuentros internos de la bancada, entonces sigue vigente la interrogante sobre cuándo y cómo se construyó el acuerdo que terminó permitiendo la aprobación de la reestructuración.
Las dudas aumentan porque el procedimiento interno terminó concentrándose principalmente en Rosana Díaz y Edith Palma, aunque no fueron las únicas que abandonaron el recinto. Edith Palma continúa integrada a la bancada de Morena, mientras que Rosana terminó enfrentando sola la batalla política. Desde entonces aparecieron acusaciones sobre una presunta falsificación de firma, denuncias por violencia política de género y una confrontación abierta con Cuauhtémoc Estrada. Ahora la propia Rosana sostiene que María Antonieta Pérez votó a favor de la reestructuración, apoyándose en la información contenida en el acta oficial. El problema para Morena es que, lejos de cerrarse, el expediente parece seguir acumulando capítulos.
Mientras tanto, en otro frente político, el dirigente municipal del PRI, Pedro Beristáin, continúa presionando para que la Delegación del Bienestar atienda el caso de una mujer que lleva años sin recibir el pago de su pensión. El asunto ha sido tomado por el partido como una gestión social y, según han denunciado, hasta ahora no han logrado obtener una respuesta favorable. Beristáin ha señalado públicamente que ni siquiera han sido recibidos por la delegada Mayra Chávez y que los intentos por plantear el caso directamente han resultado infructuosos.
Más allá de las diferencias partidistas, el problema de fondo sigue siendo el mismo: la afectada continúa sin recibir el recurso que le corresponde. La situación ya representa una afectación económica considerable, pues el monto acumulado ronda el medio millón de pesos después de varios años sin recibir el apoyo. Entre trámites, gestiones y puertas cerradas, el tiempo sigue transcurriendo sin que exista una solución concreta. Y mientras los actores políticos intercambian señalamientos, la persona afectada sigue esperando una respuesta que no llega.
Por otro lado, el PRI continúa avanzando en su proceso de organización interna rumbo a 2027. La dirigencia encabezada por Alejandro Domínguez presume más de mil 200 registros de defensores como parte de la estrategia para fortalecer la estructura territorial del partido. El mensaje busca transmitir fortaleza y capacidad de movilización en una etapa temprana de la carrera electoral. Sin embargo, en los círculos políticos la lectura sigue siendo distinta.
Y es que, por más optimismo que exista en el discurso público, la realidad electoral del priismo parece conducir inevitablemente hacia la misma conversación: una eventual alianza con el PAN. Los registros, la organización y la movilización sirven para mantener viva la estructura partidista, pero pocos apuestan a que el PRI pueda competir con posibilidades reales de éxito en solitario. Mientras Morena ya comenzó a mover sus piezas rumbo a la sucesión de 2027, aunque arrastrando problemas internos de unidad, en el PRI la mirada parece estar puesta en fortalecer su posición de negociación. Porque si algo tienen claro muchos priistas es que la ruta más competitiva no necesariamente pasa por ir solos, sino por volver a construir una alianza que les permita conservar espacios y seguir siendo protagonistas en la próxima disputa por el poder.