Se rompe el discurso: renuncia tras detención de “La Manzanita”
La salida de Arturo Velasco Ponce, titular de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, encendió los focos rojos al interior del Gobierno del Estado.
Apenas unos días después de encabezar la detención de María del Rosario C.H., alias La Manzanita —implicada en el asesinato de dos ministeriales y un jefe de Migración en la zona de Janos—, el funcionario dejó el cargo de forma sorpresiva y silenciosa.
Aunque el fiscal general, César Jáuregui, aseguró que la renuncia se presentó el fin de semana, versiones internas sostienen que fue hasta este martes cuando se hizo efectiva.
Velasco había sido designado en marzo de 2023 y su salida ocurre justo cuando su área tenía entre manos uno de los casos más relevantes del sexenio.Y no es un caso aislado.
Esta renuncia confirma lo que ya se percibe dentro y fuera de la Fiscalía: el proyecto de justicia en Chihuahua empieza a tambalearse.
No por falta de recursos ni de facultades legales, sino por una preocupante falta de seriedad en el seguimiento de los casos importantes y un desvío constante de los objetivos institucionales hacia los intereses políticos.
La Fiscalía —y con ella el gobierno de Maru Campos— ha apostado más a la operación política que a la procuración de justicia.
Lo que debería ser un espacio técnico, autónomo y estratégico para enfrentar el crimen organizado y la impunidad, ha terminado convertido en una oficina para acomodar a perfiles afines al PAN y a sus partidos anexos, sin importar resultados.
Esa lógica de premiar lealtades en lugar de construir capacidades operativas hoy cobra factura.
Las estructuras empiezan a crujir, los casos se estancan y los funcionarios de carrera se van. Porque cuando el foco está más en la grilla que en la justicia, la realidad —tarde o temprano— alcanza.
El caso de La Manzanita fue solo una chispa. Son muchos los que se cuestionan si la renuncia de Velasco es un síntoma más de una institución atrapada entre las urgencias políticas y el abandono de su verdadera función.
“Una elección incierta”: crítica desde dentro al nuevo Poder Judicial ciudadano
El comisionado presidente del ICHITAIP, Sergio Facio, no se guardó nada.
Con tono reservado, pero directo, lanzó una crítica frontal al proceso nacional de elección de personas juzgadoras, al que calificó como “incierto” y profundamente manipulado desde el centro.
Sus declaraciones, además de reflejar una inquietud técnica, dibujan el fondo de una batalla política que ya se vive en los órganos autónomos.Facio —quien junto con la comisionada Carla participó como integrante del comité evaluador en Chihuahua— reconoció que localmente el proceso se cuidó más, pero contrastó esa experiencia con lo que calificó como una “utilización exagerada de acordeones”, votaciones extrañas y perfiles sin conexión alguna con la entidad que resultaron entre los más votados.
“No fue un ejercicio ciudadano. Fue una simulación diseñada desde lo nacional para controlar el Poder Judicial”, dijo, en una declaración que pone el dedo en la llaga sobre los verdaderos intereses detrás del experimento electoral promovido por Morena y validado desde Palacio Nacional.
Aunque aclaró que en Chihuahua no se detectaron vínculos delictivos entre aspirantes —como sí ocurrió en otros estados, según denunció—, el propio Facio no ocultó su decepción. Admitió que la ciudadanía simplemente no se interesó por el proceso, y que ni siquiera los perfiles más cercanos a la comunidad lograron motivar la participación.
El resultado, según el titular del ICHITAIP, fue un ejercicio que terminó siendo “triste para los mexicanos”.
Y lo dice alguien que participó desde dentro, que vio el proceso desde su fase técnica y que hoy pone en duda no solo los resultados, sino el sentido mismo de una elección que prometía transparencia, pero que dejó muchas más preguntas que respuestas.
La declaración no es menor. Se suma a otras voces que, desde organismos autónomos, desde el foro judicial o desde la sociedad civil, ven con preocupación cómo la narrativa de democratizar la justicia puede estar ocultando una nueva forma de control político sobre los poderes del Estado.¿Fracaso o reversa prematura?
El futuro incierto del Parque Central
El reciente anuncio sobre una posible reestructuración en la administración del Parque Central de Ciudad Juárez abre más preguntas que certezas. Carlos Ortiz Villegas, representante del Gobierno del Estado en la frontera, adelantó que el espacio podría dejar de operar bajo el esquema de organismo público descentralizado y regresar a la tutela de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
Lo curioso es que fue la propia gobernadora Maru Campos quien impulsó en 2022 este modelo descentralizado, inspirado en experiencias exitosas de otras ciudades.
El objetivo era ambicioso: convertir al Parque Central en una entidad autosustentable, profesionalizar su operación, generar ingresos propios y, eventualmente, servir como palanca de apoyo para otros espacios públicos.Y los números mostraban avance.
En su informe más reciente, el organismo reportó ingresos propios cercanos a los 9 millones de pesos, por primera vez en su historia.
Se hablaba de fortalecimiento administrativo, transparencia, procesos estandarizados y rendición de cuentas. Incluso se había logrado consolidar una cuenta pública.
Sin embargo, ahora se habla de “áreas de oportunidad” como justificación para revertir todo el modelo.
No se han dado a conocer fallas graves, ni se han documentado irregularidades financieras o de operación.
La pregunta inevitable es si se trata realmente de un ajuste necesario… o si simplemente nunca se le dio tiempo ni respaldo político suficiente para funcionar.
El riesgo no es menor: desmantelar un esquema que apenas comenzaba a dar resultados puede interpretarse como una marcha atrás sin diagnóstico claro, en una administración estatal que ha apostado fuerte por la centralización de decisiones y la concentración operativa.
En el fondo, lo que está en juego es el modelo mismo de gestión pública, y si en Chihuahua hay espacio para estructuras con autonomía, visión técnica y largo aliento… o si todo debe volver al control tradicional.
Seguridad con invitado extranjero: la mesa binacional que llega tras la masacre
La reunión de seguridad celebrada este jueves en Ciudad Juárez trajo consigo una novedad diplomática: la participación del cónsul de Estados Unidos, Rafael Foley.
El encuentro, encabezado por la gobernadora Maru Campos en el Centro de Convenciones Cibeles, congregó a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a funcionarios del gobierno estadounidense, con el objetivo de revisar los avances —y pendientes— en materia de seguridad en la frontera.
Aunque el tono oficial fue de reconocimiento mutuo y cooperación binacional, el contexto inmediato no permitió que pasara desapercibido un hecho clave: la reunión se dio justo después de una nueva masacre registrada en la ciudad y de un repunte en los secuestros.
Escenario difícil para presumir logros.Durante la sesión, se destacaron acciones como la desarticulación de 13 grupos delictivos en lo que va del año, así como acuerdos para regular el uso de drones por parte de particulares.
También hubo reportes sobre operativos migratorios y decomisos relevantes. Foley, por su parte, agradeció la disposición de la gobernadora para mantener una relación de colaboración con el gobierno norteamericano.
Más allá del protocolo, la presencia del cónsul es una señal. Washington no sólo observa, también participa. Y lo hace justo cuando la presión por resultados concretos en Juárez vuelve a escalar.
La narrativa oficial habla de avances, coordinación y compromiso, pero el pulso ciudadano —y el de muchos actores institucionales— sigue midiendo la eficacia con otros indicadores: la realidad diaria en las calles, la percepción de seguridad y la respuesta inmediata ante episodios de alto impacto.
Por ahora, la reunión queda como un esfuerzo más en la compleja ecuación de seguridad para Ciudad Juárez.
Y como un recordatorio de que en esta frontera, los temas locales siempre terminan teniendo eco internacional.