Sheinbaum entre programas sociales y pendientes
Protesta en informe de Sheinbaum
¿Es Jáuregui la ofrenda de paz?
PRI presume estructura, pero las encuestas hablan de otra cosa
“Dejemos de mentirnos”, la carta de inconformidad del PAN
¿Disciplina o unidad con Santiago de la Peña?
El informe regional de Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez tuvo de todo, aunque buena parte del discurso estuvo concentrada en una clase de historia sobre la construcción de México como nación libre, independiente y soberana.
Desde la Independencia, pasando por la Guerra de los Pasteles, la Revolución Mexicana y la expropiación petrolera, la presidenta llevó su discurso hasta el momento actual para hablar de las amenazas que, desde su perspectiva, ha enfrentado el país a lo largo de su historia.
En ese recorrido también encontró espacio para el señalamiento político. Sheinbaum hizo referencia a quienes, desde la oposición, buscan respaldo fuera de México, particularmente panistas que han acudido a Europa a presentar denuncias ante el Parlamento Europeo o que han llevado sus señalamientos a Estados Unidos.
El mensaje tuvo una carga política importante en un evento realizado en Chihuahua, un estado gobernado por Acción Nacional. La gobernadora María Eugenia Campos Galván no estuvo presente en el informe regional, por lo que tampoco hubo en el acto una representación política del Gobierno del Estado que acompañara a la presidenta.
En contraste, la parte dedicada a los resultados del Gobierno Federal estuvo ampliamente enfocada en programas sociales. Sheinbaum enumeró pensiones, becas, apoyos para personas con discapacidad, programas para comunidades indígenas y otros esquemas que alcanzan a cientos de miles de chihuahuenses.
También mencionó obras como las carreteras Bavispe-Nuevo Casas Grandes y Guaymas-Chihuahua, el Libramiento Zaragoza-Guadalupe, caminos artesanales, vivienda y tecnificación de distritos de riego. Sin embargo, entre toda esa relación de programas y proyectos volvió a aparecer un pendiente que ya había sido planteado anteriormente, la necesidad de un nuevo hospital del ISSSTE en Chihuahua.
La presidenta asumió nuevamente el compromiso de supervisar el tema, aunque el proyecto no ha avanzado al ritmo que se esperaba después de que la necesidad fuera expuesta en una visita anterior. El caso del ISSSTE se suma a los cuestionamientos sobre infraestructura hospitalaria del IMSS en Chihuahua, donde también existen necesidades pendientes.
Ahí aparece uno de los contrastes del informe. El Gobierno Federal tiene una amplia presencia mediante pensiones, becas y programas sociales, pero las grandes obras de infraestructura que requiere el estado siguen siendo un tema pendiente en distintos sectores. También queda la discusión sobre la distribución territorial de esa inversión, pues mientras Ciudad Juárez concentra buena parte de la atención federal, en otras regiones del estado persisten reclamos por carreteras, hospitales y otras obras de infraestructura.
El informe presidencial dejó, entonces, dos imágenes distintas. Por un lado, un amplio despliegue de programas sociales y una larga lista de beneficiarios. Por otro, compromisos de infraestructura que todavía esperan pasar del anuncio a los hechos.
Y en medio de todo, un informe que terminó siendo también un acto político, con un discurso sobre la soberanía nacional que terminó aterrizando en los adversarios actuales del Gobierno Federal y sin la presencia de la gobernadora panista María Eugenia Campos.
Para Chihuahua, la pregunta queda abierta. Más allá de las becas y los programas sociales, ¿cuándo comenzarán a concretarse las obras de infraestructura que el estado sigue esperando?
Como ocurre prácticamente en cada visita presidencial, los reclamos tampoco pasaron desapercibidos durante la presencia de Claudia Sheinbaum en Chihuahua.
Desde un día antes, productores lecheros salieron a las carreteras de la región centro-sur del estado para manifestar su inconformidad por una problemática que no es nueva y que se ha repetido durante años. La dificultad para colocar toda la producción, los problemas con el pago de la leche y la capacidad limitada de los centros de Liconsa para recibir el volumen producido forman parte de ese reclamo.
El conflicto fue atendido de manera inmediata, pero el problema de fondo permanece. La producción lechera enfrenta de manera recurrente periodos de sobreoferta y dificultades para garantizar la comercialización de toda la leche que generan los productores.
Mientras ese reclamo aparecía en las carreteras, también hubo voces de asociaciones civiles que aprovecharon la visita presidencial para exigir atención al desplazamiento forzoso que padecen comunidades de la Sierra Tarahumara.
Es un problema que ha cobrado mayor visibilidad en los últimos meses, particularmente por los videos difundidos en redes sociales donde se observan familias enteras abandonando sus comunidades para trasladarse hacia otros municipios ante la situación de inseguridad.
El fenómeno del desplazamiento tiene entre sus principales factores la presencia del crimen organizado en distintas comunidades serranas. Por ello, las organizaciones plantearon a la presidenta la necesidad de que los gobiernos Federal y Estatal atiendan de manera conjunta esta situación.
A Sheinbaum se le hizo llegar un pliego petitorio para solicitar acciones concretas frente a un problema que no solamente implica seguridad, sino también pérdida de viviendas, tierras, patrimonio y la ruptura de comunidades enteras.
Y aquí aparece un antecedente que no deja de llamar la atención. Hace unos meses, en el Congreso del Estado, se presentó un exhorto para que los gobiernos Federal y Estatal atendieran de manera conjunta la situación del desplazamiento forzoso.
La propuesta no prosperó. El PAN, junto con el PRI y sus aliados, votó en contra del exhorto, por lo que el planteamiento quedó sin avanzar en el Congreso del Estado.
El tema terminó nuevamente atrapado en la confrontación política, mientras el desplazamiento de familias en comunidades de la Sierra Tarahumara continuaba como un problema que reclama una respuesta institucional.
Así, mientras dentro del evento presidencial se hablaba de programas sociales, obras y compromisos para Chihuahua, afuera también estaban los sectores que acudieron a buscar respuestas para problemas que llevan años, o que en el caso del desplazamiento han cobrado mayor fuerza recientemente.
La visita presidencial dejó, además de los anuncios oficiales, una fotografía de los asuntos que siguen reclamando atención. Productores que buscan dónde colocar su leche y comunidades serranas que están dejando sus hogares por la inseguridad.
La reunión entre Claudia Sheinbaum y María Eugenia Campos en el aeropuerto terminó siendo uno de los momentos más comentados de la visita presidencial a Chihuahua.
Después del encuentro privado, ambas mandatarias ofrecieron sus respectivas versiones sobre lo ocurrido. Sheinbaum habló con medios de comunicación mientras se trasladaba al evento y dejó una frase que inmediatamente abrió nuevas interrogantes. Si algún funcionario del Gobierno del Estado hubiera incurrido en un delito, tendría que ser castigado.
La presidenta colocó así el tema desde la aplicación de la ley y la defensa de la soberanía nacional, un concepto que ha cobrado especial presencia en el discurso de la llamada Cuarta Transformación.
Pero la declaración también generó una lectura inmediata en Chihuahua. ¿Se refería a algún funcionario en particular?
Y ahí reapareció el nombre de César Jáuregui, aunque ya no como fiscal general del Estado. Jáuregui renunció al cargo precisamente después de la controversia relacionada con los agentes estadounidenses de la CIA, episodio que profundizó las diferencias entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno Federal.
Por eso la pregunta que comenzó a circular después del encuentro fue distinta. Si la salida de Jáuregui ya ocurrió, ¿su renuncia fue parte del costo que tuvo que asumir el Gobierno de Chihuahua para intentar restablecer la relación con la Federación?
No hay, hasta ahora, una declaración pública de Sheinbaum que señale directamente a Jáuregui como responsable de algún delito ni que establezca que su renuncia haya sido una condición para restablecer la comunicación con Chihuahua.
Lo que sí existe es un mensaje presidencial en el sentido de que cualquier funcionario estatal que hubiera incurrido en un delito tendría que enfrentar las consecuencias.
Maru Campos, por su parte, presentó otra versión del encuentro. La gobernadora sostuvo que uno de los acuerdos fue restablecer los canales de comunicación entre ambos gobiernos, pero también dejó claro que Chihuahua continuará combatiendo al crimen organizado y cumpliendo con sus responsabilidades en materia de seguridad.
Ahí quedaron los dos mensajes posteriores a una misma reunión privada. Sheinbaum habló desde la aplicación de la ley y la defensa de la soberanía nacional, mientras Maru Campos habló del restablecimiento de la comunicación institucional y de la continuidad en el combate al crimen organizado.
Ahora queda por verse si este encuentro representa realmente el inicio de una nueva etapa entre Palacio Nacional y el Gobierno de Chihuahua o si solamente se trata de una tregua institucional. Y sobre todo, si la salida de Jáuregui fue el punto de quiebre que permitió abrir nuevamente los canales de comunicación entre ambos gobiernos.
Porque si el episodio de los agentes de la CIA fue uno de los momentos que llevó la relación a su punto más complicado, la renuncia del entonces fiscal se convirtió también en uno de los hechos políticos más relevantes alrededor de esa disputa.
Ahora, con Sheinbaum hablando de que cualquier funcionario que haya cometido un delito debe ser castigado y Maru Campos hablando de restablecer la comunicación y continuar combatiendo al crimen organizado, queda pendiente conocer qué hay detrás de ese acuerdo privado y hasta dónde llegará la nueva etapa entre ambos gobiernos.
En medio de las mediciones rumbo a 2027, el PRI chihuahuense presume tener la estructura electoral más grande y operativa del estado, con presencia en los 67 municipios y un Consejo Político Estatal integrado por 372 consejeros.
El problema es que esa estructura todavía no se refleja de la misma manera en las mediciones electorales.
Desde el priismo se habla de una fuerza cercana a los 15 puntos porcentuales para la gubernatura, mientras que distintas encuestas publicadas muestran al partido en niveles considerablemente menores, alrededor de 7 u 8 puntos en algunas mediciones.
Ahí está el contraste. Por un lado, un partido que asegura contar con estructura territorial, organización y presencia en todo el estado. Por otro, cifras electorales que todavía lo colocan lejos de los niveles que el propio priismo presume.
Porque tener comités, consejeros y presencia municipal no necesariamente significa tener los votos. La estructura puede estar ahí, pero la verdadera prueba será si logra convertirse en respaldo ciudadano cuando llegue el proceso electoral.
El PRI, que durante décadas tuvo una presencia dominante en Chihuahua, enfrenta así el reto de demostrar qué tanto de esa maquinaria territorial continúa teniendo capacidad electoral.
Entre las encuestas que colocan al partido en un dígito y las cifras que desde el propio priismo hablan de 15 puntos, la diferencia no es menor.
Y mientras unos números hablan de recuperación y otros de una presencia todavía reducida, el PRI se prepara para 2027 con una pregunta de fondo. ¿Su estructura electoral sigue teniendo la fuerza que presume o el partido está peleando, más que por regresar al poder, por mantener su espacio político en Chihuahua?
Hay una señal de tensión dentro del Partido Acción Nacional en Chihuahua y aparece justo cuando desde la dirigencia y distintos actores panistas se intenta transmitir una imagen de unidad.
Mientras la gobernadora Maru Campos habla de un partido unido como nunca antes lo había visto y mientras los grupos que ya están alineados con determinadas posiciones buscan mostrar que las aguas están en calma, desde las propias filas del PAN comenzó a circular este fin de semana una carta abierta dirigida a los panistas de Chihuahua y titulada “Dejemos de mentirnos”.
El documento resulta incómodo porque no apunta solamente contra una dirigencia, un aspirante o un grupo. Cuestiona prácticamente a todos.
A las dirigencias les reclama haber convertido la militancia en una especie de “membresía de Costco”, utilizada cuando hace falta una candidatura, un cargo, un contrato, una posición interna o votos. A los gobiernos panistas les reprocha alejarse de las colonias y de la militancia después de ganar elecciones.
A los aspirantes les cuestiona construir proyectos a partir del debilitamiento de otros panistas para después pedir unidad. A los grupos internos les reclama que las corrientes terminen pesando más que la capacidad, la trayectoria o el trabajo. Y a la propia militancia también le asigna responsabilidad por exigir oportunidades, abandonar comités, reproducir rumores o defender determinadas prácticas dependiendo de quién las realice.
Es decir, la carta no plantea solamente un reclamo hacia arriba. También hace una autocrítica hacia dentro.
Mientras públicamente se habla de unidad, el documento cuestiona qué significa realmente esa unidad. Mientras se habla de democracia interna, plantea la contradicción de exigir apertura solamente cuando las decisiones favorecen a determinado grupo. Y mientras se habla de cerrar filas, cuestiona que la unidad pueda terminar reducida a que todos tengan que alinearse detrás de una misma decisión.
La contradicción que queda sobre la mesa es clara. Una cosa es la imagen de unidad que muestran dirigentes, gobiernos y grupos que han logrado acuerdos, y otra puede ser la percepción de quienes sienten que las decisiones se están tomando sin suficiente participación de la militancia.
Hasta ahora, el documento circula sin una autoría pública identificada. Por eso el tema no es solamente descubrir quién la escribió. También resulta relevante que un mensaje de este tipo encuentre espacio para circular dentro del panismo chihuahuense y que varios de sus reclamos coincidan con las tensiones que públicamente se han manifestado en torno a los procesos internos.
La frase que resume el documento es precisamente la que lleva como título, “Dejemos de mentirnos”.
Porque si la unidad que se presume desde las dirigencias refleja realmente el estado del partido, el propio PAN tendrá que procesar internamente los reclamos que aparecen en esta carta sobre grupos, exclusiones, candidaturas, democracia interna, participación y una militancia que, según el documento, suele ser buscada cuando se necesitan votos o movilización.
La distancia que el documento pone sobre la mesa entre el PAN que se muestra públicamente y el PAN que algunos de sus propios militantes dicen estar viviendo difícilmente se resuelve solamente con otra fotografía de unidad.
Precisamente uno de los puntos que señalan varios panistas inconformes dentro de Acción Nacional es que en el partido puede existir disciplina, pero no necesariamente unidad. O, dicho de otra manera, que a la disciplina se le esté llamando unidad.
Esa discusión quedó sobre la mesa el sábado, durante el evento realizado en Corner Sport en apoyo a Santiago de la Peña, aspirante del PAN a la alcaldía de Chihuahua.
La reunión concentró a distintos personajes del panismo estatal. Entre los asistentes estuvieron Gilberto Loya, Teporaca Romero, Nancy Frías, Rocío Reza, Quique Rascón, Tere López, Federico Acevedo, Mario García, Andrés Pérez Howlet, Gabriel Valdez y Joss Vega, además de otros militantes y simpatizantes.
La presencia de todos ellos mostró un respaldo público alrededor de Santiago de la Peña, pero precisamente ahí aparece la pregunta. ¿Todos acudieron por convicción y unidad o también por disciplina partidista?
Dentro del PAN se ha hablado de un método en el que la definición de candidaturas puede pasar por acuerdos de unidad y mediciones de reconocimiento. Si ese termina siendo el mecanismo para determinar al candidato, el margen para una competencia interna abierta sería distinto al de una elección entre militantes.
Por eso el evento del sábado adquiere otra lectura. La presencia de funcionarios, legisladores y figuras panistas puede presentarse como una muestra de respaldo a Santiago de la Peña, pero también abre la discusión sobre cuánto de ese respaldo responde a una decisión política ya encaminada y cuánto representa una adhesión espontánea de los distintos grupos.
Porque una cosa es la disciplina partidista y otra la unidad construida desde las bases.
Incluso hubo un detalle durante el propio evento. Antes de que Santiago de la Peña, actual secretario general de Gobierno, pronunciara su mensaje, algunas personas comenzaron a retirarse del lugar.
Por sí solo, ese hecho no permite determinar las razones de quienes se fueron. Pero dentro del contexto de las críticas internas que hablan de disciplina, acuerdos y decisiones tomadas desde las dirigencias, el detalle también forma parte de la fotografía del sábado.
Y ahí está el cuestionamiento. Si el PAN pretende mostrar unidad alrededor de Santiago de la Peña, ¿esa unidad está naciendo de manera natural entre los panistas o se está construyendo a partir de la disciplina que exige un partido cuando una candidatura comienza a tomar forma?
Porque si la definición termina dependiendo de acuerdos de unidad y encuestas de reconocimiento, la discusión sobre el método será inevitable.
Y mientras unos ven en el evento del sábado una muestra de respaldo, otros pueden preguntarse si lo que realmente quedó demostrado fue la capacidad de disciplina de la estructura panista.
La diferencia entre ambas cosas puede parecer pequeña en una fotografía, pero políticamente no lo es.