Torre Centinela: casi 5 mil millones sin concretar, irregularidades documentadas y una Comisión de Fiscalización que llega tarde
El Proyecto Torre Centinela volvió a exhibir el tamaño del desorden financiero y la debilidad de los mecanismos de control en el Congreso del Estado, luego de que el Auditor Superior, Héctor Alberto Acosta Félix, confirmara que desde hace un año la Comisión de Fiscalización cuenta con el informe de auditoría del proyecto… sin que su presidenta, la diputada morenista Leticia Ortega Máynez, tuviera claridad sobre su contenido.
Durante la presentación del Informe General 2025 de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Acosta Félix reveló que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades detectadas en Centinela, entre ellas pagos por bienes y servicios no recibidos, retrasos en la ejecución, modificaciones sin sustento jurídico y falta de entregables en distintos ejercicios fiscales, particularmente en 2023 y 2024.
Lo delicado del caso es que la propia ASE reconoció que el informe —aunque reservado— fue entregado a la Comisión de Fiscalización desde hace más de un año, evidenciando una omisión grave o una posible complicidad institucional, al no haberse generado alertas públicas ni acciones políticas oportunas frente a un proyecto cuya inversión ronda los 5 mil millones de pesos, y que podría incrementarse.
Pese a la magnitud del daño potencial al erario, la Comisión que encabeza Ortega Máynez se limitó a recibir las observaciones, sin exigir responsabilidades inmediatas ni transparentar el alcance real de las irregularidades, aun cuando se trata de uno de los proyectos de mayor impacto presupuestal del sexenio.
Paradójicamente, esta misma Comisión otorgó calificación perfecta a la ASE y avaló la reelección de Acosta Félix con el respaldo de todas las fuerzas políticas del Congreso, consolidando un esquema donde la fiscalización llega tarde, las denuncias avanzan sin presión legislativa y los diputados actúan más como receptores de informes que como contrapeso efectivo.
El caso Centinela deja al descubierto un modelo de supervisión que permite que miles de millones de pesos se ejerzan con opacidad, mientras las instancias encargadas de vigilar el gasto público reaccionan cuando el daño ya está hecho.
¿Coincidencia o nado sincronizado?
Ayer, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, calificó a la Torre Centinela como un “mugrero que no le va a servir de nada a los juarenses”.
Hoy, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Auditor Superior confirma irregularidades en el proyecto durante 2023 y 2024, admite que ya presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y, de paso, responsabiliza a la diputada Leticia Ortega por la opacidad, al recordar que la comisión que ella preside tiene el informe desde hace más de un año.
La pregunta queda en el aire: ¿coincidencia o nado sincronizado entre Cruz Pérez Cuéllar y Héctor Alberto Acosta Félix?
Porque cuando los tiempos se alinean, los discursos se empatan y las culpas se reparten estratégicamente, cuesta creer que todo sea casualidad.