¿Urnas vacías, reforma en entredicho?: El mito de los 33 millones y el juicio al Poder Judicial
Este domingo, en el país se desarrollará un ejercicio inédito: una elección directa de integrantes del Poder Judicial.
Morena y el gobierno federal justifican la reforma con los 33 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum en la elección presidencial.
Afirman que ese respaldo es un mandato para transformar al Poder Judicial.
Pero si la participación apenas alcanza el 10% del padrón, como estiman el INE y el IEE, ese “mandato” se desmoronará bajo su propia lógica.
¿Cómo será la elección?
Por primera vez, el país elegirá directamente a jueces, magistrados y ministros a través de voto popular.
El ejercicio se realizará en los 32 estados, con boletas que contendrán decenas —en algunos casos cientos— de nombres, la mayoría desconocidos para la ciudadanía.
No hay campañas oficiales, ni financiamiento público, ni debates entre la mayoría de los aspirantes.
Los nombres provienen de ternas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y fueron aprobados por mayoría en el Congreso.
El voto no es vinculante ni tendrá efecto inmediato; se trata de una consulta para “legitimar” el proceso, según ha dicho el oficialismo.
Breve origen de la reforma.La propuesta de reformar el Poder Judicial fue planteada desde el inicio del sexenio de López Obrador, pero tomó fuerza tras una serie de sentencias de la Corte que frenaron proyectos clave del gobierno federal, como el Plan B electoral, la militarización de la seguridad pública y la cancelación de obras.
La reforma busca que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo, eliminar privilegios, revisar fideicomisos y abrir procesos disciplinarios.
Fue presentada como parte de una cruzada contra la corrupción, aunque especialistas advierten que politiza la justicia en lugar de fortalecerla.
La reforma vista desde dos trincheras.Para Morena:La reforma representa una narrativa de justicia social.
Se presenta como un acto de restitución del poder al pueblo, un golpe contra la élite judicial y una bandera simbólica que conecta con el discurso antineoliberal de la Cuarta Transformación.
Para Morena, democratizar el Poder Judicial significa abrirlo a la voluntad popular, aunque el proceso tenga fallas.
Es también una estrategia de control institucional: asegurarse que los poderes no limiten su agenda política.
Para la oposición:La reforma es vista como un retroceso.
No como un acto democrático, sino como una amenaza a la división de poderes.
Temen que la elección directa de jueces convierta al Poder Judicial en una extensión del oficialismo, con figuras sin experiencia jurídica pero con respaldo político.
También observan que esta reforma debilita los contrapesos institucionales y reduce la calidad técnica de los nombramientos.
Desde esta trinchera, el proceso electoral del domingo no legitima nada; al contrario, evidencia improvisación, clientelismo y opacidad.
La paradoja de los 33 millones y los 3 millones.Morena sostiene que los 33 millones de votos a Claudia Sheinbaum avalan esta reforma.
Pero los órganos electorales estiman una participación del 10% este domingo, lo que representa apenas 3 millones de personas en todo el país.
Con cientos de perfiles desconocidos, sin campañas visibles ni mecanismos de información, la ciudadanía votará a ciegas.
Es una paradoja: una reforma supuestamente respaldada por millones, pero validada por una fracción mínima.
Plebiscito o pleitecito.
Este ejercicio ha sido promovido como una muestra de justicia participativa, pero se asemeja más a una maniobra política que a un proceso de transformación judicial.
La participación reducida, la opacidad en la selección de perfiles, la ausencia de información y el protagonismo político desvirtúan el objetivo original.
Democratizar la justicia requiere mucho más que colocar nombres en una boleta.
¿Qué se va a elegir?
El 1 de julio, la ciudadanía podrá participar en la elección de 881 cargos del Poder Judicial, incluyendo:
9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
2 magistraturas de la Sala Superior del TEPJF
15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF
5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
464 magistraturas de Circuito
386 juezas y jueces de Distrito
Es la primera vez que estos cargos, históricamente designados por los poderes del Estado, serán puestos a consideración del voto ciudadano.
Participación: ¿legitimidad o fracaso?
Uno de los ejes del debate es la participación. Morena insiste en que la victoria de Claudia Sheinbaum en las urnas es un mandato claro para transformar el sistema judicial.
No obstante, si la participación en esta consulta apenas alcanza el 10% del padrón, ese argumento podría desplomarse.
En Chihuahua, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, ha estimado precisamente una participación del 10%, lo que implicaría que solo unos tres millones de personas acudirán a votar en todo el país.
La funcionaria señaló que el órgano electoral está haciendo todo lo posible por incentivar la participación, aunque reconoció el reto que implica movilizar a la ciudadanía para un proceso no convencional.
En contraste, el senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los principales impulsores de la reforma, ha asegurado que habrá una “alta participación”, argumentando que la gente está interesada en “democratizar la justicia”.
Morena: una reforma que busca sacudir al sistemaPara Morena, la reforma al Poder Judicial no es un capricho, sino la respuesta a una exigencia ciudadana.
La narrativa oficial sostiene que los jueces y ministros han operado durante años en una esfera de privilegio y desconexión con el pueblo, y que la elección directa es la forma de someterlos al escrutinio ciudadano.
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, han defendido la consulta afirmando que es “uno de los ejercicios más importantes de participación democrática” y que permitirá a la ciudadanía tomar el control de instituciones que antes estaban reservadas a las élites.
Oposición: una simulación sin sustancia.
Para la oposición, este proceso no solo es inédito, sino también riesgoso.
Argumentan que la gente no conoce a quienes aparecerán en las boletas y que la mayoría de los perfiles carecen de exposición pública.
Es decir, la elección se realizará sin información suficiente y con una ciudadanía mal informada o desinteresada.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ahora encabezado por Jorge Romero Herrera, ha llamado a no participar en la consulta, advirtiendo que hacerlo sería legitimar un proceso “amañado” por Morena.
Sin embargo, en Chihuahua, algunos de los principales liderazgos panistas han roto con la línea oficial.
La gobernadora María Eugenia Campos, el alcalde Marco Bonilla, el secretario general de Gobierno Santiago De la Peña y Daniela Álvarez presidenta del CDE del PAN, ya anunciaron que sí participarán en la consulta. Incluso han declarado tener “favoritos”, en una muestra clara de que, más allá del discurso institucional, hay un interés real por incidir en el proceso.
Conclusión:
Lejos de consolidar una transformación, este proceso podría dejar una institucionalidad más débil y una justicia más politizada.
La legitimación que se buscaba con una narrativa triunfalista podría desvanecerse frente a una realidad simple: las urnas vacías no reforman nada.